El rápido crecimiento de las desigualdades representa uno de los aspectos más inquietantes de la era del capitalismo financiero global. Las desigualdades no solo inciden en las relaciones económicas y sociales, sino también en las propias condiciones de cohabitación en nuestras sociedades, en la seguridad de los ciudadanos y en las características de la democracia. Se trata, precisamente por ello, de un reto global que afecta no solo a las relaciones económicas y sociales internas de nuestros países, sino también al orden económico mundial y a las relaciones internacionales.
La reciente crisis financiera ha acentuado la tendencia a una creciente disparidad de las rentas y de las riquezas de los ciudadanos de diversos países (avanzados y no). Esta disparidad ha alcanzado niveles tan preocupantes, que ha resurgido una discusión a nivel global en la que se han implicado muchos economistas progresistas, de Piketty a Stieglitz, y muchos líderes de la izquierda, de Lula a Corbyn.
Detengámonos a examinar los datos y las tendencias. Globalmente, una cuota de población ligeramente inferior al 1% de los ciudadanos del mundo detenta aproximadamente el 44% de la riqueza mundial. De otro lado, hay un 70% de la población que posee el 3% de la riqueza. El 10% más rico tiene una renta media casi diez veces superior a la del 10% más pobre, según los datos elaborados por el Fondo Monetario Internacional en 2014 y según el Credit Suisse Global Wealth Databook.
Las tendencias varían de un país a otro. En los países más avanzados –en particular Norteamérica y Europa- se ha registrado, en los últimos veinte años, una inversión radical de tendencia respecto a las políticas que dominaron entre la posguerra y los años 80. Bajo el signo de políticas keynesianas y de orientación socialdemócrata, por más de tres décadas, asistimos en Europa y en Norteamérica a una reducción progresiva de las desigualdades y a un aumento continuo de la retribución real del trabajo. Paralelamente, estas economías experimentaron un crecimiento sostenido, sustentado por inversiones e innovaciones, que favoreció un aumento de los estándares de vida para muchos y una intensa movilidad social. El modelo económico consistía en un capitalismo basado en un circuito de producción y de redistribución cuya consecuencia era que los frutos del sistema productivo se repartieran de manera negociada entre capital y trabajo y en parte se reinvirtieran en actividades productivas. Naturalmente, como nos enseñan nuestros clásicos, esta distribución no era igual, y sin embargo se producía de modo transparente, controlado y negociado. Así era posible contener las disparidades y fomentar oportunidades de acceso al bienestar de cuotas crecientes de la población. Al mismo tiempo, la existencia de sistemas fiscales de tipo progresivo sustentaba sistemas de bienestar que, a través de la promoción de bienes públicos como la educación y la salud, permitían redistribuir riquezas y oportunidades.
A finales de los años 80, este sistema entra en crisis bajo la presión de políticas neoliberales en el marco de una globalización sin reglas y dominada por la finanza. De un modelo social basado en la redistribución de la riqueza y los diferentes factores de producción: empresa, trabajo, innovación, se pasa a un modelo dominado por la especulación financiera. Se rompe, pues, la relación virtuosa entre crecimiento económico y redistribución de las rentas también para lograr un crecimiento de los consumos. En resumen, mientras en la economía fordista el crecimiento de la riqueza es un proceso social que implica a una pluralidad de actores y conlleva un reparto de las ventajas, en el capitalismo financiero la acumulación de la riqueza es esencialmente individual, no está vinculado a la producción y a menudo es el resultado de operaciones especulativas de una especie de Casino Capitalismo, donde el azar es más importante que el trabajo. A esto se añade que la extrema facilidad en la movilidad de los capitales pone en crisis la progresividad y el efecto redistributivo de los sistemas fiscales nacionales, colocando la gran riqueza financiera al reparo de la fiscalidad, que, de este modo, recae exclusivamente sobre el trabajo y las empresas, es decir, sobre la economía productiva.
Si observamos los datos, resulta claramente un incremento de los indicadores de igualdad en todos los países avanzados. En Estados Unidos, mientras en los años 70 el 1% más rico detentaba en torno al 9% de la renta nacional, actualmente esta cuota es del 23% y en gran parte no se trata de renta procedente del trabajo, sino de renta procedente del capital. En los últimos treinta años, las familias estadounidenses más ricas (el 5% de la población) han visto incrementarse su renta en un 80%, mientras la renta de las familias pobres (el 20% de la población) ha sufrido una disminución del 12%. Si contemplamos la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, comprobamos que la media de las rentas del grupo más influyente es veinte veces superior a la de la parte más pobre.
Los datos no mejoran si nos trasladamos a Europa. A pesar de la mayor incidencia que en la historia europea del siglo pasado han tenido las políticas del bienestar, la concentración de las rentas que se ha alcanzado hoy día es tal que el 10% más rico gana entre 8 y 10 veces más que el 10% más pobre, si se considera la realidad de los mayores países: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Las tendencias no son diferentes, antes bien, se agravan, si en lugar de considerar las rentas se considera la riqueza. En Estados Unidos, el 10% de las familias más ricas posee el 70% de la riqueza y en Europa, el 60%. La concentración de la riqueza financiera es aún más elevada, con el 10% de las familias que poseen casi el 85% de los activos financieros de los países más ricos. Un estudio de Seats y Zuckman de 2014 demuestra que, si se considera los dividendos, intereses, rentas y beneficios, el 0,1% de la población estadounidense percibe cada año recursos financieros equivalentes a los percibidos por el 90% de la población.
En el resto del mundo las dinámicas son más variadas. Si partimos de los años 50, se constatan niveles de desigualdad elevadísimos en América Latina y en África, mientras mucho más reducidas son las desigualdades en los países asiáticos y del bloque soviético. La globalización y los fenómenos asociados más recientes han incidido de modo diferente en estos países. En algunos, como China y algunos países de América Latina y de África, ha habido mejoras significativas en los niveles de renta y en los estándares de vida. No obstante, el incremento de la riqueza ha coincidido también, en general, con el aumento de las desigualdades: en Rusia y en casi todos los países del antiguo bloque soviético, así como en China y en otros países de Asia y de África. El reciente ajuste de la política económica china con la ralentización voluntaria del crecimiento nace también, en efecto, de una toma de conciencia por parte de las autoridades chinas respecto a las graves consecuencias sociales, geográficas (contraste entre ciudad y campo) y medioambientales de un crecimiento acelerado, pero fuertemente desigual y desequilibrado.
En América Latina se observan mejoras sustanciales, con reducción en las disparidades de las rentas en Chile, Argentina, Brasil y también en México – si se compara con los años 80- . En Brasil, los resultados de las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y a reducir los desequilibrios han sido notables. Sin embargo, hay que considerar que los índices de desigualdad en el continente latinoamericano eran altísimos, por lo que, a pesar de las mejoras, siguen siendo de lejos los más elevados del mundo. La disparidad entre rentas mínimas y altas llega a 20 veces en México y Argentina (sin calcular el peso de las riquezas acumuladas mediante actividades criminales y narcotráfico) y a casi 40 veces en Brasil.
Este es, en líneas generales, el cuadro de un mundo profundamente desigual, en el que parece que ya no funcionan los mecanismos de redistribución y de reequilibrio, con consecuencias –que examinaremos- sobre la cohesión de nuestras sociedades e incluso sobre la naturaleza de nuestras democracias.
Ahora bien, ¿cuáles son los cambios estructurales que han terminado borrando casi por completo los efectos de lo que se denominó el Siglo Socialdemócrata y empujando el nivel de desigualdad a la situación de principios del siglo XX? Para comprender las razones de este cambio, hay que partir de la consideración de que un papel esencial en la redistribución de la renta ha sido desempeñado por los estados nacionales y por la finanza pública, mediante políticas fiscales progresivas y formas de redistribución de la riqueza, a través de la prestación de servicios, la garantía de los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la salud y a la educación, y las transferencia monetarias en forma de subsidios y apoyo a la renta para las familias más pobres. Todo este sistema ha entrado profundamente en crisis con la globalización económica y financiera. El Fondo Monetario estima que el incremento del coeficiente de Gini desde 1990 hasta 2012 ha sido de una media de 5 puntos para la renta pre-impuestos y de 3 puntos para la renta post-impuestos. Como se ve, el efecto correctivo de los sistemas fiscales es ahora sumamente limitado. Como se ha analizado en un estudio de Piketty y Seats de 2006, el papel redistributivo del Estado se ha atenuado notablemente en los últimos 40 años. Los niveles de imposición fiscal para los más ricos, que equivalían al 90% en Francia, 70% en Estados Unidos y 50% en Inglaterra en los años 70, equivalen ahora al 35% en los países anglosajones y al 60% en Francia. Sin embargo, la presión fiscal ha aumentado para las clases medias. Un análisis de los componentes de los sistemas impositivos muestra una constante reducción de la imposición sobre las rentas del capital, mientras crece la imposición sobre la renta del trabajo de las personas físicas. Esto surge naturalmente de la extrema facilidad de la movilidad de los capitales y del sistema de competencia fiscal en las atracciones de capitales, que alcanza su ápice perverso en la existencia de verdaderos y propios paraísos fiscales.
Esto ha favorecido el rápido desarrollo de una clase de riquísimos a escala global. Se trata de ciudadanos del mundo que poseen una riqueza enorme y que operan fuera de las normas fiscales y a menudo por encima de toda ley. En 2014, Forbes anunció que el número de multimillonarios entre 2009 y 2014 – en un periodo de grave crisis económica mundial – se había duplicado y que estos casi 1600 multimillonarios poseen actualmente 6,4 billones de dólares. Los altos directivos financieros reciben retribuciones cuatro o cinco veces superiores a las vigentes en los años 80 y, en Estados Unidos, la retribución de un directivo (o CEO) es 250 veces superior al salario medio de un trabajador asalariado.
Al mismo tiempo, muchos economistas y políticos han puesto de relieve el resurgimiento de desigualdades horizontales, que van más allá de las disparidades de renta o riqueza y se refieren a diferencias o discriminaciones por grupos: entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos y desnivel de oportunidades entre generaciones. En Estados Unidos, un trabajador blanco gana en general un 12% más de la media, mientras un trabajador afroamericano está, en general, un 34% por debajo de la media. Las trabajadoras ganan el 79% de lo que ganan los hombres. La media del desempleo juvenil supera el índice normal de desempleo y, en particular en Europa es del 20%, frente a una media del 9%, con picos que rondan el 50% en países como España e Italia.
Es actual la noticia de que la absurdidad del mundo en el que vivimos ha llegado al extremo de que hay 62 personas que poseen una riqueza equivalente a la de la mitad más pobre del planeta: es decir, 62 disponen de la misma renta que más de mil millones de seres humanos. Estas son las contradicciones que se han tornado insostenibles, también porque en la aldea global de la comunicación lo que durante décadas se mantenía esencialmente oculto hoy día se exhibe y por lo tanto es conocido por todos, convirtiéndose así en un factor de revuelta social.
Ahora bien, además de los fenómenos de pobreza extrema, lo que se ha producido en estos años es un progresivo empobrecimiento de las clases medias y una reducción de la cuota de renta destinada a los trabajadores asalariados. Ha aumentado la pobreza de los menores y de las familias con hijos en las que solo hay un sueldo. Todo esto tiende a reducir las posibilidades de acceso a la educación y a los servicios sanitarios, transformando así las desigualdades en auténticas barreras insuperables.
Hay que reflexionar no solo respecto a las consecuencias sociales de la desigualdad, sino también sobre los efectos de la misma en la evolución de la economía. El paradigma neoliberal que ha dominado largo tiempo ha sido aquel según el cual las diferencias de renta son una condición necesaria para favorecer el crecimiento económico y el dinamismo de la sociedad. Actualmente, esto ya no es en absoluto cierto: en realidad, la fragmentación de la sociedad y el empobrecimiento de una parte importante de la misma fragilizan el desarrollo económico. En el fondo, también la crisis de las hipotecas de alto riesgo que ha provocado el credit crunch estadounidense ha nacido en el momento en que la familia media estadounidense se ha visto imposibilitada para seguir pagando el crédito vivienda, precisamente por haberse empobrecido. Posteriormente, un mercado financiero temerario y especulativo ha multiplicado enormemente los efectos de este fenómeno original. Es evidente que una sociedad desigual produce una restricción del mercado interior y una reducción del consumo, pues la concentración de la riqueza en pocas manos no favorece los consumos generalizados. La caída del consumo, en un mundo en el que la competición global dificulta cada vez más el crecimiento basado exclusivamente en las exportaciones, es una de las razones de la crisis y de la lentitud y fragilidad de la recuperación económica. Asimismo, en nuestras sociedades se ha reducido de manera importante la movilidad social, por las razones que he expuesto, y se ha registrado un descenso de la productividad del trabajo, porque es completamente evidente que existe un nexo entre calidad de las retribuciones y calidad de las prestaciones laborales. En Europa hemos sufrido demasiados años un pensamiento económico dominante – una especie de sabiduría convencional – según el cual la reducción del gasto social y la renuncia a políticas fiscales de redistribución de la renta, mediante significativos impuestos sobre las rentas financieras, provocarían una mayor capacidad competitiva de la economía europea. No ha sido así. La acumulación de los recursos financieros fue acompañada de una caída de las inversiones y del crecimiento que, contrariamente, se esperaba. Mientras parece evidente que una mayor inversión social a favor de la salud y de la educación y un sistema de protección más eficaz para los desempleados, para no abandonar a las personas en los momentos difíciles, desempeñan un papel fundamental para la formación y la mejora del capital humano y, por tanto, del principal factor competitivo, en una época en que la economía se basa cada vez más en los conocimientos y en las capacidades de los individuos. No puede haber una recuperación sólida sin una transformación profunda que vaya en esta dirección, corrigiendo los desequilibrios estructurales debidos a la globalización salvaje.
Hace algunos años, en un bellísimo ensayo, The spirit level, dos investigadores de prestigio internacional, Richard Wilkinson y Kate Pickett, analizaron la relación existente entre las desigualdades y las diferentes formas de malestar social. La investigación va al corazón de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Lo que resulta especialmente interesante es que no se trata de un ensayo ideológico, sino de una investigación empírica, rica en datos y en comparaciones concretas, por lo que propone muchas líneas de análisis y de reflexión. Se examina, en particular, la correlación existente entre niveles de desigualdades y diversas patologías sociales - violencia, criminalidad, difusión de las enfermedades, tendencias al suicidio, etc. – que afectan a las comunidades humanas.
El resultado más significativo de esta investigación es que se ve claramente que, para los países que están por encima de una renta per cápita media (esto no vale, naturalmente, para los países más pobres), no hay correlación proporcional entre el nivel del PIB y la calidad de vida de las personas. Por calidad de vida se entiende el resultado de un conjunto de varios indicadores: duración de la existencia, ausencia de patología graves, calidad del medio ambiente, del aire que respiramos, del agua que bebemos, calidad de los consumos, con atención especial a los consumos de bienes culturales: en definitiva, todo lo que hace la vida más digna de ser vivida. Pues bien, no está claro en absoluto que en los países más ricos se viva mejor y se viva más. Ya en 1996 el British Medical Journal escribió, presentando numerosas investigaciones sobre la relación entre desigualdad de las rentas y salud: “la conclusión que se impone es que los niveles de mortalidad y de salud en una sociedad está influidos no tanto por su riqueza global, sino por el modo en que dicha riqueza está distribuida. Cuanto más uniforme es la distribución de la riqueza, mejores son las condiciones de salud de la población”. La desigualdad resulta asociada a una esperanza de vida inferior, a índices de mortalidad más elevados, a una menor altura media, a la difusión del sida y de la depresión.
Estados Unidos es ciertamente, por ejemplo, un país donde la duración media de vida, el peso de la violencia, la incidencia de las enfermedades, la difusión de la droga e incluso de la obesidad son mucho mayores que en muchos países europeos que quizás gocen de una riqueza per cápita netamente inferior.
La calidad de vida –the spirit level – es, sin embargo, directamente proporcional al nivel de igualdad, y son las desigualdades las que hacen infelices a las sociedades. La desigualdad genera ansia, rencor, deshace los vínculos comunitarios y favorece la criminalidad, que, como ustedes saben, puede convertirse en algunos países en la única vía de promoción social y de fácil acceso a la renta.
Puede parecer paradójico, pero países que recortan el gasto público social, en la salud y en la educación, que son factores esenciales de promoción social, acaban gastando más de lo que han ahorrado en medidas de seguridad, vigilantes, administración de las cárceles y mantenimiento de poblaciones carcelarias que son desproporcionadas respecto a los porcentajes fisiológicos en relación con la población. En resumen, a menudo el costo social de la desigualdad, también para las finanzas públicas, es muy superior a los recursos que serían necesarios para prevenir los desequilibrios más insostenibles.
Sería interesante profundizar en la relación entre el nivel de desigualdades internas en cada país y la desigualdad internacional entre países ricos y países pobres. Un dato que, sin duda, impresiona, es que normalmente los países con menos desigualdad y menos injusticia (como, por ejemplo, Suecia, Noruega, Japón, etc.) suelen ser más sensibles hacia las necesidades de los países pobres, a los que destinan ayudas al desarrollo que, en proporción a su renta nacional, son cuatro veces superiores a la media de los demás países. Es interesante observar cómo en los países donde existe mayor desigualdad social tiende a prevalecer en las clases dirigentes un mayor índice de egoísmo y de agresividad, hasta el punto de que estos países son a menudo los principales protagonistas de medidas de militarización y de conflictos. La desigualdad es, pues, inversamente proporcional al “índice global de la paz”, tal como se ha establecido por Visions of Humanity en colaboración con la Economist Intelligence Unit. También en otros ámbitos los países ricos menos desiguales se diferencian de la media, por sus posiciones tendencialmente más favorables a los países pobres y, en cualquier caso, más favorables a opciones coherentes con valores y principios humanitarios. Se trata de países que suelen encontrarse entre los más comprometidos en la defensa de los derechos humanos y en primera fila en la búsqueda de soluciones eficaces contra el calentamiento global y para la reducción de las emisiones de CO2. En definitiva, diríase que las desigualdades inciden en las interacciones sociales en el interior de las sociedades, condicionando también las actitudes dominantes en las relaciones internacionales. Fuertes disparidades económicas fomentan comportamientos egoístas, escasamente responsables hacia los demás y hacia las futuras generaciones; van acompañadas, pues, de la manifestación de los peores aspectos de la naturaleza humana. Sociedades más igualitarias influyen en la confianza, en el espíritu comunitario y predisponen a los individuos a ser respetuosos y empáticos y menos agresivos. Obviamente, estos comportamientos están fuertemente relacionados con los diferentes niveles de estrés y de competitividad individual existentes en sociedades más o menos caracterizadas por importantes desequilibrios: En unas se halla la tendencia al individualismo; en otras, el espíritu comunitario.
Joseph Stiglitz ha explicado que la desigualdad es una opción política; o, de todos modos, el fruto de decisiones o de frustradas decisiones políticas. Evidentemente, esta responsabilidad de las políticas en el surgimiento o mantenimiento de las desigualdades nace de un conjunto de razones. Entre estas, pesa –hablaremos de ello- la creciente impotencia de los estados nacionales para regular fenómenos económicos y financieros globales; pero también pesa el condicionamiento ejercido en las instituciones políticas por potentados financieros y económicos y, más en general, por grupos sociales privilegiados. Hay que decir que el incremento de los desequilibrios sociales y el debilitamiento de la democracia son dos fenómenos paralelos que caracterizan la crisis que estamos viviendo.
Ante todo, consideremos el escaso poder de los estados nacionales. Naturalmente, esto no se refiere a los “súper estados”, como EE.UU o la China, que con sus decisiones pueden influir en el conjunto de la economía mundial; no obstante, se refiere a la gran mayoría de los estados. La libre circulación de los capitales ha debilitado ampliamente la posibilidad de los estados individuales de llevar a cabo políticas de reequilibrio, mediante sistemas fiscales progresivos, puesto que la renta financiera escapa en gran medida a la fiscalidad. El peso de la especulación y de los mercados financieros condiciona seriamente las políticas públicas: basta que se incrementen los índices de interés sobre la deuda pública de un solo país para que este se vea privado de los recursos esenciales para la educación, la sanidad, etc. Las agencias de rating influyen más que los gobiernos nacionales en la determinación del destino de los estados. En este marco, las sedes de las decisiones se desplazan desde las instituciones democráticas y controlables (gobiernos y parlamentos) hacia instituciones financieras y económicas no transparentes ni controlables. No se trata solo de las instituciones financieras internacionales de las que mucho se ha hablado. Incluso en una realidad de gran y fuerte tradición democrática como Europa, las instituciones de la Unión se perciben como organismos tecnocráticos alejados de los ciudadanos y se alimentan cada vez más un sentimiento antieuropeo e ilusiones nacionalistas.
Esta impotencia de la democracia genera tendencias peligrosas: por una parte, la del abandono y la renuncia. Disminuye la participación electoral, en particular resultan progresivamente cada vez más excluidos los sectores populares y los más pobres, que perciben el voto como algo inútil y el resultado irrelevante en relación con la posibilidad de cambiar las propias condiciones de vida. Por otra parte, crece un sentimiento de rabia y de rebelión que provoca, en muchos países, movimientos que, ambiguamente, son llamados populistas. En realidad, esta palabra puede contener muchos y distintos significados, porque puede existir un populismo de derecha alimentado por el racismo y el rechazo hacia los inmigrantes, por ejemplo, y orientado contra las instituciones democráticas; pero también hay formas de populismo que incitan a la rebelión contra las élites financieras y los poderes económicos y que contienen, por tanto, un signo político e ideales completamente diferentes.
En general, estamos asistiendo, paralelamente, a un debilitamiento y a una fragmentación de los grandes cuerpos sociales, de la política tradicional. Y eso es cierto, por ejemplo, en Europa, donde por muchos años el conflicto político se ha articulado en torno a la confrontación entre una derecha liberal y una izquierda de carácter socialdemócrata, y donde asistimos hoy al surgimiento de nuevos conflictos y de nuevas líneas de fractura: por ejemplo, el que separa el establishment – es decir, el conjunto de la política tradicional – de los movimientos anti establishment y el conflicto creciente entre las fuerzas de inspiración nacionalista o localista y fuerzas políticas que apoyan el proyecto europeo: una especie de conflicto entre globalización y antiglobalización en la dimensión de nuestro continente.
Junto a esto aumenta una crisis de las formas de la política tradicional. Se debilitan los partidos y la participación, no solo en las fuerzas políticas, sino también en las asociaciones sociales y en los sindicatos. Ello abre la vía a tres fenómenos: la fragmentación política; la extrema personalización de la competitividad político-electoral; la influencia cada vez mayor de los medios de comunicación en un momento en que las formas tradicionales de relación entre partidos y sociedad se debilitan o desaparecen. Es evidente que en sistemas políticos de este tipo el peso del dinero es cada vez más determinante. Aumenta el coste de las campañas electorales – hasta las dimensiones inverosímiles alcanzadas en Estados Unidos de América – con la consecuencia de que los grupos financieros y económicos participan de modo decisivo en la obtención de los resultados, reforzando, así, su poder de influir en las fuerzas políticas. A todos los niveles la política se está convirtiendo en un ejercicio reservado a los más ricos. Mientras en el pasado, a través de los partidos, era posible favorecer la introducción en la clase dirigente de individuos provenientes del mundo del trabajo y de los sectores sociales más débiles, actualmente esto resulta cada vez más difícil, porque solo puede confiar en su triunfo quien por sí mismo puede obtener los recursos para ganar las elecciones primarias y luego ser elegido; y es verdaderamente raro que se trate de un obrero, de un campesino, de una ama de casa. La desigualdad ya es no solo un hecho económico y social, sino que condiciona radicalmente la vida política, restringe la democracia y nos conduce hacia formas de selección censitaria de la clase dirigente que parecían superadas desde hace más de un siglo. Además, es bastante difícil que sistemas políticos dominados por los ricos coloquen en el centro de sus ocupaciones el destino de los pobres.
Las fuerzas progresistas y de izquierda se hallan enfrentadas a un reto muy difícil y, al mismo tiempo, fundamental para nuestro destino. Un gran pensador italiano, Norberto Bobbio, escribió que el ideal de la igualdad es lo que distingue la izquierda de la derecha. En los últimos años se ha creído que se trataba de una idea anticuada. El fracaso del igualitarismo comunista había hecho que resultara obsoleta la referencia al término de igualdad y, como mucho, podía citarse tímidamente la exigencia de una sociedad que pudiera ofrecer oportunidades iguales, como si esto fuera realmente posible sin garantizar previamente una distribución racionalmente igualitaria de las rentas. Esta timidez de la izquierda ha dejado vía libre a un liberalismo salvaje y sin reglas que ha demostrado, entre otras cosas, que no solo produce desequilibrios intolerables, sino también que no puede garantizar un crecimiento sólido y duradero. Ya es hora de que retomemos vigorosamente nuestro papel y de que busquemos con energía las soluciones.
Lucha contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza creciente de los niños y de los más jóvenes; progresiva disminución de las desigualdades y creación de nuevas oportunidades de promoción social para quien procede de los sectores sociales más desfavorecidos no son objetivos fáciles de perseguir. Requieren estrategias complejas y fuerte determinación y, sobre todo, capacidad de actuar a varios niveles, porque es evidente que se necesitan nuevas políticas nacionales y locales, pero, sobre todo, y es lo más difícil, a nivel internacional.
Recientemente, Anthony Atkinson, Thomas Piketty y el ya recordado Joe Stieglitz –por citar solo a los más célebres partidarios – han situado estos temas en el centro de su análisis y han lanzado también diferentes propuestas interesantes. Hay un nuevo pensamiento económico de orientación neokeynesiana que se afirma en las universidades y la ensayística. Lamentablemente, este nuevo pensamiento no ha logrado todavía desempeñar un papel suficientemente incisivo en las opciones políticas.
Es interesante observar cómo todos estos autores se concentran en una hipótesis esencial. No puede afrontarse el reto contra la desigualdad sin relanzar el papel de la política: es decir, la primacía de la política sobre la economía. En estos más de veinte años de predominio neoliberal, el pensamiento dominante ha ido en la dirección exactamente opuesta. “A la política no le queda otra misión que la de cumplir las tareas asignadas por la economía”, así se ha escrito. Toda la mainstream neoliberal ha tenido un fuerte carácter anti-político y antidemocrático, basándose en la idea de que hay que dejar actuar al mercado y que la única función de las instituciones políticas es precisamente la de liberar el mercado del condicionamiento del exceso de reglas y obligaciones. Esta ideología ha provocado efectos de quiebra, porque no solo se han producido profundas injusticias, sino que se ha creado una gran inestabilidad, hasta la dramática crisis que desde 2007 afecta a la economía mundial. Asimismo, de este modo – como hemos observado – se han visto perjudicadas la democracia y la confianza de los ciudadanos. No es casualidad que Stieglitz, en la conclusión de El precio de la desigualdad, hablando de Estados Unidos de América, haga hincapié precisamente en el funcionamiento de la democracia. Escribe que hay que volver a una democracia basada en el principio “una persona un voto” y no en este: un dólar, un voto. Hay que impedir que el poder económico y financiero pueda manipular y controlar la información. Llega, incluso, a plantear la idea – muy osada para EE.UU – de que se consiga hacer obligatoria la participación en el voto, para lograr que voten los pobres y que así se pueda volver a tener una democracia efectivamente inclusiva. De otro modo, ve el peligro de que al final la gente acabe en las calles y que movimientos de varios tipos, desde Syriza en Grecia hasta Podemos en España, pasando por Occupy Wall Street en Estados Unidos, terminen sacudiendo los sistemas políticos occidentales, como las primaveras árabes han sacudido el panorama del Medio Oriente. Ahora bien, para quien no comparta visiones apocalípticas, está muy claro que la política – en particular la política de izquierda – debe volver a intervenir, debe operar para plasmar las fuerzas del mercado, debe orientar con reglas y acciones públicas el crecimiento hacia modelos más igualitarios y sostenibles. No es casualidad que el enfrentamiento en estos temas entre los demócratas estadounidenses y el populismo neoliberal de Donald Trump esté caracterizando de manera tan radical la organización de la próxima campaña presidencial. Es, por lo tanto, evidente que, sin una sólida recuperación de la acción del estado, difícilmente se corregirán las tendencias actuales. En esto hace hincapié una joven investigadora muy interesante, Mariana Mazzuccato, en su Entrepreneurial State, y el propio Bill Clinton, reflexionando sobre su experiencia, ha reconocido que en el curso de los años 90 los progresistas infravaloraron el papel esencial del estado, confiando con excesivo optimismo en las fuerzas del mercado.
¿Qué pueden hacer, pues, los estados nacionales? Naturalmente, no infravaloro la dificultad de una política limitada a los confines nacionales que debe confrontarse con una economía global. Sin embargo, existe una posibilidad de acción para los estados nacionales. Pueden establecerse programas específicos de lucha contra la pobreza y la marginación, mediante subsidios y formas diversas de inclusión social, sobre todo para los menores. Es necesario reducir la presión fiscal sobre el trabajo, combatir el trabajo en negro, precario y mal pagado. Es posible orientar las políticas públicas hacia la ayuda al empleo, ya sea mediante incentivos, ya sea favoreciendo cualquier forma de innovación tecnológica capaz de crear nuevo trabajo, en lugar de eliminar el existente. Se puede y se debe introducir en los diferentes países un salario mínimo garantizado, como, por ejemplo, ha decidido, bajo la presión del SPD, el gobierno alemán.
Hay otras propuestas interesantes y aún más radicales, como la de introducir lo que se define como renta de participación, garantizada por el estado para todos los desempleados disponibles para formas de trabajo social, como asistencia a niños o ancianos dependientes, en centros públicos o, como voluntarios, en asociaciones. Esto valdría también como vía de inclusión y de formación profesional, a fin de evitar que cuotas importantes de la población –especialmente juvenil- acaben totalmente marginadas, en manos de la delincuencia o de la droga. Algunos investigadores consideran que se debería ampliar la participación de los trabajadores a la propiedad de las empresas, también para garantizar un reparto de los beneficios más igualitario. Por último, es interesante la idea de que el estado pueda facilitar un capital inicial a cada joven que entra en la edad laboral, que podrá ser restituido posteriormente, con arreglo a los resultados que consiga.
Naturalmente, existen otras ideas diferentes de políticas de inclusión, de recuperación social y es fundamental, en cualquier caso, que estas políticas vayan acompañadas de mayores inversiones en formación y en educación, no solo en edad juvenil, sino como formación permanente, en aras de poner al día a las personas respecto a la innovación tecnológica y social.
Está claro que la condición fundamental para que estas políticas sean sostenibles radica en el relanzamiento de una fiscalidad igualitaria, que sea fuertemente progresiva y orientada a premiar el trabajo y la producción y que, al mismo tiempo, penalice la renta y la especulación financieras. Se trata, evidentemente, del reto más difícil, también porque es casi imposible realizar una política de este tipo (que fue fundamental para sustentar las políticas de bienestar en el siglo pasado) en el interior de un solo país y sin una sólida coordinación internacional. Esto se aplica a la fiscalidad, pero también a otros aspectos de la gobernanza económica. Por ejemplo, me parece inconcebible que hoy podamos realizar un acuerdo internacional de libre comercio que no prevea estrictas cláusulas sociales y medioambientales. En definitiva, el tiempo de la desregulación debería haber terminado, después de los desastres a los que hemos asistido estos últimos años. Pero en el ámbito fiscal y financiero esta colaboración es verdaderamente imprescindible. Thomas Piketty se aventura a proponer un impuesto mundial progresivo sobre el capital, acompañado de un altísimo grado de transparencia financiera internacional. Yo considero que se trata de una idea correcta y pienso también que harían falta instituciones capaces de garantizar y apoyar la aplicación de este principio. No me parece insensato imaginar una World Tax Administration. En la Unión Europea se ha debatido hace tiempo, y el Parlamento y la Comisión la han aprobado, la propuesta de instituir un impuesto sobre las transacciones financieras. Desgraciadamente, nunca se ha aplicado, a causa del veto de algunos países miembros de la Unión. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, que es la voluntad y la fuerza política. Releyendo hace algunos días la declaración de los líderes del G20 con la que se concluyó la cumbre de Londres del 2 de abril de 2009, podemos encontrar muchos de los objetivos que deberían caracterizar la batalla de una alianza progresista mundial. En los meses que siguieron a la gran crisis, el mundo parecía imbuido de un espíritu nuevo y se enunciaron muchos buenos propósitos: acabar con los paraísos fiscales; combatir los fondos especulativos mediante formas estrictas de control y de imposición; introducir sólidos programas de lucha contra la pobreza y de apoyo a los países menos desarrollados; reformar las instituciones financieras internacionales, etc., etc. Lamentablemente, gran parte de estos objetivos quedó en el papel y, pasados el miedo y la emoción suscitados por la crisis, muchos pensaron que podía volverse al business as usual. Ciertamente en esto pesaron los grandes poderes financieros globales y la capacidad de influencia de los mismos en el liderazgo de los diferentes países que desempeñan un papel de guía en el mundo. Son necesarios una izquierda valiente y líderes progresistas, que, sin pretender realizar revoluciones improvisadas, quieran retomar con valentía lo que los líderes de los mayores países prometieron al mundo y luego no tuvieron la fuerza de hacer. Para los partidos y los movimientos de inspiración socialista, progresista y democrática, esto es una invitación. Si no somos capaces de movernos con determinación a la altura de este reto, vendrán otros protagonistas – y ya se ven en Europa los primeros anuncios – a tomar el lugar que hemos ocupado durante largos años en la historia. Confío en que un empuje importante pueda venir desde este continente latinoamericano que ha conocido en estos años el protagonismo de una izquierda viva y combativa, que podrá estimular y ayudar a cada uno de nosotros a cumplir su deber, para reparar las injusticias del mundo de hoy.
